Esclavitud Sexual en el Siglo XXI

Arturo García Arellano/ Fundación MEPI.

En 1964 una red de trata que servía a políticos y personas influyentes en Guanajuato fue revelada al descubrir varios cadáveres de mujeres en el patio trasero de un burdel. Las responsables fueron  'Las Poquianchis', tres hermanas que explotaban sexualmente a varias mujeres, además de maltratarlas y asesinarlas si intentaban escapar.*

Hoy, casi cincuenta años después, el tema de la trata de personas sigue sobre la mesa.

En julio de este año, en Chihuahua fueron clausurados 112 bares, de 300 inspeccionados, durante un operativo. En el Congreso, apenas se aprobó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y Delitos Relacionados, un nuevo intento por contrarrestar e intentar erradicar el problema.

En México la prostitución es una actividad legal, regulada de manera distinta en 18 de las 32 entidades. Pese a esto, la nueva ley podría restringir en gran medida la libertad de las trabajadoras sexuales, al criminalizar a los clientes y al victimizarlas a ellas.

Sobre todo algunas de edad más avanzada, encuentran así su forma de vida y de subsistencia. Se estima que existen alrededor de 5 mil mujeres que se dedican a ello sin ser forzadas, según la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina (CATWLAC).

El informe de la CATWLAC, presentado en 2010, también declara que en el país hay alrededor de 500 mil personas en el comercio sexual, de las cuales 9 de cada 10 son mujeres y niñas. La mayoría de las personas en este trabajo, 7 de cada 10, comenzaron a los 12 años.

El proxenetismo, la incitación y la obtención de beneficios por medio del comercio sexual, se mantiene como ilegal.

Algunos de los nuevos esfuerzos por eliminar la trata de personas tropiezan con los derechos de las trabajadoras sexuales, que se dedican a esto como un oficio y no como consecuencia de la explotación.

Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer 'Elisa Martínez' es una Asociación Civil que ha trabajado por los derechos de las trabajadoras sexuales. Se ha encargado de mostrar y denunciar las inconsistencias y problemas que se considera que existen en la ley reciente.

La falla primordial que refiere la presidenta de la ONG, Elvira Madrid, es que nunca se consultó a las trabajadoras sexuales sobre los puntos contenidos en la ley, ni sobre su expedición. Ella sostiene que la iniciativa es un trabajo que descuida, o no toma en cuenta, varios aspectos importantes.

En principio, victimiza y/o criminaliza, sin la posibilidad de 'presunción de inocencia' o capacidad de decisión.

No existen pruebas suficientes que garanticen que no se coarta la libertad de la mujer. Bajo esa lógica, 'todas las trabajadoras sexuales son víctimas (no 'presuntas víctimas') que deben ser representadas por sus salvadoras, sin excepción alguna'.

Además, en los códigos civiles nunca se revisó una cláusula que se establece que una sexo servidora, pierde la patria potestad de sus hijos menores de doce años, lo cual es usado con frecuencia como amenaza por parte de los proxenetas hacia las mujeres que trabajan para ellos. Esta sigue siendo una herramienta potencial de chantaje y explotación, justo lo que se busca combatir.

Por otro lado, la ley restringe el derecho al acceso y la divulgación de la información, así como lo que está permitido y no, en cuestión de educación sexual, según Madrid.

Para evitar las 'filtraciones', el artículo 21 establece que se sancionará a las personas que difundan, sin justificar, cualquier información relacionada con los delitos considerados en la ley. El problema es quién decide si los argumentos son suficientes, y válidos o no.

También está penado que se le dé material pornográfico a un menor de edad, pero existe una excepción cuando se trata de libros y otros elementos que se refieran a la educación sexual. Aun así, debe ser material permitido, previamente aprobado. 'Esto significa que sólo el Estado mexicano va a establecer cuál es el material correcto y cuál, a su juicio, alienta la corrupción de menores', argumenta Madrid.

No se pretende desconocer el avance que representa una ley como ésta. Aunque hace falta que se desarrolle y reforme para mejorar, y acercarse más a lograr su objetivo.

Lo más importante es 'que las trabajadoras sexuales participen en la reforma de esta ley y también que se consagren sus derechos laborales, para distinguir dónde hay trata de personas y dónde no la hay'.

*El caso conmocionó al país entero y fue novelado por Jorge Ibargüengoitia en su libro 'Las Muertas'. En 1976 Felipe Cazals, director de 'Canoa' y 'El Apando', realizó una adaptación cinematográfica.