La Narco Guerra Se Intensifica Y Asesina Al Periodismo

Por Ana Arana, Daniela Guazo/ @dany145. Fundación MEPI

El reloj marcaba 38 minutos del primer tiempo, del partido Santos contra Monarcas, en el estadio Territorio Santos Modelo, a 442 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, cuando los jugadores dejaron de perseguir el balón y corrieron hacia los vestidores. Había una balacera. El sonido de las balas interrumpió a los cronistas. Millones de espectadores mexicanos frente a la televisión observaron cómo se desarrollaba un enfrentamiento entre uno de los carteles más sanguinarios de México y la policía municipal de la ciudad industrial de Torreón, Coahuila.

Portada El Siglo de Torreón. 21 agosto 2011

La cámara mostró a niños, ancianos, mujeres y hombres aterrorizados, escondidos debajo de los asientos. Televisión Azteca detuvo la transmisión. Pero el canal internacional ESPN siguió al aire, rompiendo su record mundial de audiencia en un juego de futbol local.

Por primera vez la violencia relacionada con el narcotráfico se mezclaba con el deporte tradicional por excelencia en México. Pero esas agresiones también se viven dentro de los medios regionales mexicanos: grupos criminales continúan amenazándolos cuando reportan sobre la guerra contra el narcotráfico en el país, que ya suma más de 60 mil muertos desde que el Presidente saliente, Felipe Calderón Hinojosa, tomó posesión en 2006.

Las amenazas y un vacío de información oficial complican el trabajo de los reporteros, de acuerdo con una investigación sobre autocensura en la prensa regional realizada por Fundación MEPI, una organización de periodismo de investigación basada en la Ciudad de México.

En la redacción del periódico regional El Siglo de Torreón los editores y reporteros debatieron la noticia. Entendían su importancia, pero dudaban sobre publicar las fotos en primera plana. La balacera había sido entre el grupo criminal Los Zetas y un contingente de la policía municipal destacado cerca del estadio.

“Sabíamos que si las publicábamos (las fotos) íbamos a incurrir en mucho peligro”, dijo Javier Garza, director editorial del diario. Su preocupación estaba fundamentada. Desde 2009, las oficinas del diario han sido atacadas en dos ocasiones por hombres armados. Los periodistas de El Siglo han recibido amenazas y advertencias de criminales a los que disgusta su cobertura sobre narcotráfico y violencia.

México fue el país más peligroso del mundo para un reportero en 2011, según el Instituto Internacional de la Prensa (IPI). Diez periodistas fueron asesinados el año pasado y la tendencia continúa en 2012. El miedo constante de ser blanco de represalias del crimen organizado ha profundizado el sentido de autocensura en los medios regionales mexicanos, de acuerdo con la investigación de MEPI.

En dicha investigación, que duró seis meses, se monitorearon periódicos en 14 de los 31 estados de la República Mexicana, como continuación de otro estudio realizado por MEPI en 2010. Este nuevo trabajo buscó medir cómo los contenidos de las publicaciones de esos estados, ubicados en el centro y norte del país, fueron impactados por la violencia. Se encontró que la cobertura sobre crimen organizado de estos medios regionales aumentó más del 100 por ciento en 2011 en comparación con el estudio de 2010. Las nuevas cifras indican que 7 de cada 10 historias publicadas eran sobre incidentes relacionados con el crimen organizado en tales estados. Aun así, únicamente dos de los periódicos que MEPI monitoreó —El Norte en Monterrey y El Informador en Guadalajara—contextualizaron la violencia, identificaron a las víctimas y dando seguimiento a las historias.

Da click en cada estado para ver la información

La nota sobre la balacera en el estadio apareció en primera plana al día siguiente. Sin embargo, El Siglo no explicó las razones del enfrentamiento entre Zetas y policías, ciñéndose así a sus políticas editoriales. Los editores saben que los criminales leen sus páginas para conocer cómo aluden a sus organizaciones e intentan no provocarlos.

EL ESPECTÁCULO DE LA VIOLENCIA

Incendio del Casino Royale en Nuevo León, Monterrey.

Una mayor cobertura en los periódicos regionales en 2011 no reflejó políticas editoriales ni trabajos periodísticos más contundentes. Respondió a un crecimiento exponencial de la violencia en México, que ese año incluyó más ejecuciones del crimen organizado, las cuales aumentaron un 9 por ciento en todo el país, según el sociólogo Eduardo Guerrero, de Lantia Asociados. En algunos municipios la cifra se disparó a más del 100 por ciento.

“Los asesinatos fueron espectaculares en tamaño y dimensión”, dijo por su parte Alejandro Hope, experto en seguridad y ex analista del órgano de inteligencia civil mexicano, CISEN. “No había manera de que la prensa regional los ignorara”.

Entre los incidentes más sangrientos de 2011 se cuentan: en Monterrey, el incendio provocado por Los Zetas en el Casino Royale, una casa de apuestas y donde murieron 52 personas. En Veracruz, al sur del país, fueron encontrados 35 cuerpos desnudos en una avenida principal. En Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, fueron hallados 28 cuerpos hacinados en una camioneta abandonada en una calle muy transitada.

REPORTES POLICIACOS INCOMPLETOS

El miedo no es la única razón de una cobertura superficial de la violencia en México, según editores y reporteros.

El flujo limitado de información oficial es el factor clave que afecta los contenidos en los periódicos. En el caso de la balacera en el estadio de Torreón, las autoridades locales no proporcionaron un reporte policiaco completo y, de acuerdo con los protocolos de seguridad de El Siglo, los reporteros solo incluyeron las versiones oficiales en sus historias.

“Ha sido un calvario obtener datos precisos de las autoridades locales”, dijo Garza. Por ejemplo, la metodología usada por las procuradurías estatales para contabilizar homicidios es diferente a la utilizada por la policía municipal. “Algunas veces recibimos información de tres agencias de gobierno, y todas se contradicen entre si”, precisó.

Sin información consistente de autoridades locales y federales, los medios regionales no pueden añadir contexto en sus notas, dijo Garza.

No todo es fácil de explicar. La relación entre la violencia y los medios es multifacética.

Torreón es territorio disputado por carteles del narcotráfico, y otros siete estados están en la misma situación, atrapados en un fuego cruzado entre organizaciones criminales y con poca información oficial que contextualice la violencia. En la mayoría de estos estados, tales factores inclinan la balanza en la cobertura y las actividades criminales, como decapitaciones y secuestros, predominan en los reportes periodísticos.

Una revisión de los contenidos de El Siglo de Torreon en 2011 muestra que en las historias periodísticas donde se menciona al crimen organizado, 457 eran sobre acciones policiacas frente a 713 donde se destacan las de grupos criminales.

Irónicamente, los medios de estados controlados por un grupo criminal tienden a publicar más notas sobre acciones del gobierno, como arrestos y operaciones policiacas.

Los medios en Tamaulipas, Michoacán y Zacatecas, estados influenciados por el grupo de Los Zetas, evitan escribir sobre esa organización criminal y sus actividades.

En Tamaulipas, donde el estudio de MEPI encontró el índice más alto de autocensura, el diario El Mañana rara vez cubre violencia del crimen organizado. Las pocas historias sobre crimen que publica suceden en Texas.

SIN UNA SOLUCIÓN FÁCIL

Algunas ciudades han mejorado el flujo de información gracias a la participación de la sociedad civil e iniciativas del sector privado. En Ciudad Juárez y Monterrey, por ejemplo, nuevas organizaciones han contribuido al aumento en el uso de estadísticas. La creación hace dos años de la Mesa de Seguridad de Ciudad Juárez, una entidad que trabaja con el gobierno local y la sociedad civil, ha propiciado un mejor flujo de información, según Alfredo Quijano, editor del periódico Norte. En Monterrey, un grupo privado de abogados creó al Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, que promueve la transparencia gubernamental y en especial el tema de seguridad.

La falta de confiabilidad en el flujo de información tiene sus orígenes en la historia unipartidista de México, dijo Flores. “Durante años las autoridades no sirvieron para informar al público, sino para publicar información que favoreciera al gobierno”.

No será fácil cambiar la actitud de las autoridades para que proporcionen información de calidad, según analistas de los reportes gubernamentales en México.

Muchas veces los gobiernos locales no tienen el entrenamiento para saber qué sucede en sus regiones, sostuvo Leticia Ramírez de Alba, coordinadora de estudios en tendencias criminales para la organización no gubernamental México Evalúa.

Muchos representantes de los gobiernos locales no tienen habilidades básicas de investigación policiaca, mientras que otros están coludidos con el crimen organizado, dijo. En los últimos seis años decenas de altos funcionarios en el gobierno han sido identificados por la inteligencia mexicana por sus nexos con distintos grupos del crimen organizado. Un ejemplo es el reciente arresto de 14 policías federales acusados del probable intento de asesinato, en agosto de este año, de dos oficiales de la CIA y un capitán de la Marina mexicana en una carretera cerca de la Ciudad de México. Oficiales de Estados Unidos sospechan que los oficiales detenidos tienen nexos con el crimen organizado, de acuerdo con reportes de la prensa.

Las estadísticas y los números se han vuelto herramientas importantes para medir la efectividad de programas gubernamentales anti-crimen. En 2010 el Presidente Felipe Calderón, presionado por grupos de derechos humanos, publicó la primera base de datos en línea sobre homicidios relacionados con el crimen organizado desde 2006. Por primera vez hubo disponibles números oficiales que mostraron la creciente violencia asociada al narcotráfico. La base de datos en línea fue criticada por su metodología poco rigurosa. También surgieron controversias legales sobre qué jurisdicción, estado o municipio investigaría los miles de homicidios.

La Procuraduría General de la República publicó más estadísticas en 2011, aunque contemplaba únicamente los homicidios de enero a septiembre. Aún es incierto si el presidente entrante, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que dirigió el país durante 70 años, continuará haciendo públicas las estadísticas sobre crimen.

SEGÚN LAS HISTORIAS POLICÍACAS DEL PERIÓDICO

Mientras tanto, los estados deben proporcionar al gobierno federal números creíbles sobre las tendencias criminales. Sin embargo recientemente varias autoridades estatales han manipulado los números, para que sus estados parezcan seguros ante la opinión pública. Esta práctica es común, de acuerdo a México Evalúa.

En 2011, por ejemplo, oficiales de Torreón maquillaron las cifras criminales y desaparecieron más de 100 asesinatos de los datos oficiales, reportó El Siglo. En 2007, el gobierno del Estado de México, vecino del Distrito Federal, también manipuló sus números; redujo la tasa de homicidios violentos en un 60 por ciento, según Ramírez de Alba. Esta manipulación ocurrió cuando el Presidente electo, Enrique Peña Nieto, era gobernador de ese estado.

FALTA DE PERIODISMO AGUDO EN MÉXICO

El periodismo mexicano es cobarde al indagar en las historias de violencia, dijo el periodista Marco Lara Klhar.

“Los periodistas no están entrenados para reportear historias que vayan más allá de la violencia y que describan problemas endémicos del sistema político y legal mexicano”, dijo. “Como periodistas no estamos haciendo nuestro trabajo de un periodismo agudo”, añadió.

A su vez, en Torreón, Garza reconoce que él, sus editores y reporteros entienden la necesidad de buscar otras estrategias para cubrir mejor el crimen organizado, de una forma segura, pero por ahora hacen lo mejor que pueden.

En marzo del 2011, 715 periódicos y estaciones de radio y televisión firmaron un acuerdo que promueve la cobertura imparcial del crimen. El documento obliga a los medios a “presentar la información en su contexto correcto y en su justa medida”. El tratado también pide a los periodistas que se aseguren de que “la información que se difunda sobre el crimen organizado debe asignar a cada quien la responsabilidad que tenga sobre los hechos de violencia”. El Siglo de Torreón firmó el acuerdo, pero está lejos de cumplirlo con la información publicada en sus notas sobre crimen.

Garza dijo que él sabe las limitaciones de su periódico. Aun así, sigue buscando mejores formas de escribir las noticias y sobrevivir. Ahora alienta a sus editores a construir bases de datos y a utilizar estadísticas criminales en mapas y gráficas para contar las historias.

“Pensamos que tal vez así sea la manera de evitar problemas de seguridad en el futuro”, concluyó.

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Un Cuento De Hadas Sin Final Feliz

Por Ana Arana/Fundación MEPI y José Rubén Zamora/elPeriódico.

Vestido con un impecable traje azul de la firma Salvatore Ferragamo, el general Otto Pérez Molina recibía la banda como nuevo líder de la nación junto a su flamante vicepresidenta, Roxana Baldetti. Ningún otro mandatario se estrenó en ese enorme complejo deportivo, los últimos tres prefirieron el más modesto y tradicional, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en honor al Premio Nobel y construido por un celebrado arquitecto de Guatemala. La vicepresidenta también vestía alta costura, de la casa española Rosa Clará.

El atuendo de ambos sobrepasó los 10 mil dólares, en un país donde la mitad de ciudadanos malvive con menos de dos dólares diarios. En contraste con el ambiente de despilfarro, Otto Pérez habló casi media hora de rescatar a las instituciones públicas del desorden y la corrupción, y lograr un país más equitativo.

En el extranjero, la elección de Otto Pérez se vio como un retroceso. Exmilitares de su entorno, incluyendo oficiales de línea dura, regresaban al poder,encabezados por quien fue jefe de inteligencia e instructor de la temible Escuela Kaibil (en el corazón de la selva del Petén), donde se forman las fuerzas especiales guatemaltecas.

Para muchos guatemaltecos, sin embargo, Pérez fue un militar moderado, de los llamados constitucionalistas, que apoyó el golpe para derrocar al General Efraín Ríos Montt en 1983. También se enfrentó al autogolpe del Presidente, el ingeniero Jorge Serrano,cuando éste intentó en 1993 anular el Congreso, al estilo del peruano, Fujimori. El centro-derecha y buena parte de la población urbana lo eligieron en respuesta a los escándalos de corrupción en el anterior gobierno de Álvaro Colom, el primer presidente de izquierda en 30 años, en el que participaron ex guerrilleros, incluyendo su ex esposa.

El porte fornido y digno del militar Pérez Molina,con pelo cano y una personalidad calmada, inspiró confianza a los votantes. Con todo, la personalidad y educación del nuevo mandatario contrastan con su vicepresidenta Baldetti, una finalista de Miss Guatemala y dueña de salones spa. Se catapultó en política en el dos mil, al ayudar a Pérez Molina a crear el Partido Patriota, y fue elegida diputada en 2004, especializándose en atacar a los demás de actos de corrupción. Hoy en día, Roxana Baldetti se autodenomina la madre del partido, que creó con tácticas intimidatorias y componendas.

Polémica y rígida, Baldetti es la primera mujer en ocupar tan alto cargo de gobierno. Es conocida en círculos políticos como una implacable enemiga que no perdona. De porte robusto y con 50 años, tiene adicción por la cirugía plástica, dietas y tratamientos de adelgazamiento. Pérez Molina y Baldetti trabajaron más de dos décadas para alcanzar el poder. No habrían conseguido los dos puestos más altos del país, el uno sin el otro. Los dos se complementan. Fueron elegidos por ser lapareja política perfecta.

Este “cuento de hadas” se trasformó rápido en una historia tenebrosa. Los rumores sobre una relación sentimental entre ambos aumentan con los días. “Parecen un pareja casada”, dice una fuente que ha presenciado los desmanes en Palacio. Los berrinches de la vicepresidenta son conocidos, y también los portazos cuando se enoja con Pérez Molina. El Palacio Presidencial parece más un hogar disfuncional que un centro de decisiones políticas.

Pero la tragedia política de Guatemala es más seria que el cuento de la pareja. Desde la firma de los acuerdos de paz que terminaron en 1996 con la guerra civil, han desfilado gobiernos civiles que aceptan dinero lícito e ilícito en sus campañas, que deben pagar con favores al tomar posesión. Así se hundió el gobierno de Álvaro Colom. Dos de sus Ministros fueron encarcelados por malversación de fondos públicos y abuso de autoridad.

LA PIÑATA EN LA PRESIDENCIA

Guatemala esperaba un cambio del gobierno de Pérez Molina. Ganó con una campaña anticorrupción, pero las promesas se esfumaron en solo 13 meses. El Presidente y su vicepresidenta se han visto envueltos en decenas de incidentes debido al clientelismo, tráfico de influencias, y corrupción desenfrenada en aeropuertos, puertos y aduanas. Los casos están relacionados con obras públicas, asignación de contratos de medicinas para el Estado e, incluso, en programas contra la pobreza. Además, la vicepresidenta creó en su propia oficina, una Secretaría contra la corrupción que es utilizada para atacar a la oposición e intimidar a sus propios Ministros.

Los críticos del gobierno se centran en “la voracidad” y supuesta corrupción de la vicepresidenta, Baldetti pero, en realidad, nada en el gobierno ocurre sin el consentimiento de Pérez Molina.

La vicepresidenta se labró una imagen a lo “KIRCHNER”, y de firme ejecutiva que decide sin importarle a quién atropella. La antes candidata a reina de belleza se enfrenta sin tregua a sus adversarios con estrategias políticas, legales y administrativas. Mientras, Pérez Molina es quien apacigua a políticos y contrincantes con egos ofendidos. Su palabra tiene peso, y su personalidad suaviza los desmanes de Baldetti, quien aparece como el “Rasputín” del gabinete.

En un año, Pérez Molina ha construido una reputación internacional como líder regional al promover, retóricamente, la despenalización y regulación del mercado ilegal de narcóticos. Su discurso ha desarmado a Washington, que no ve con buenos ojos la ausencia de una firme política antidroga en Guatemala, por donde circula el 80 por ciento de la cocaína que llega a Estados Unidos, según el Departamento de Estado.

LA ESTELA DE CORRUPCIÓN

Pero la ecuanimidad de Pérez Molina no tapa lo que ya es una presidencia en crisis. Su compañera de fórmula aparece como la principal artífice de una estela de corrupción que asombra incluso a los guatemaltecos, testigos de décadas de enriquecimiento ilícito de sus gobernantes.

A semanas de asumir el segundo puesto del país, Baldetti utilizó 15 mil quetzales de fondos públicos para comprar chocolates finos, perfumes franceses y Ron Zacapa Centenario para obsequios. Era el comienzo de una lista de supuestos abusos revelados en la prensa y que circulan por los pasillos del Palacio Presidencial y el Congreso. El entorno de la vicepresidenta incluye miembros del Partido Patriota y amigos de su infancia, beneficiarios de contratos y nombramientos que han terminado envueltos en tráfico de influencias y corrupción. Además, se sospechan conexiones con implicados en blanqueo de dinero, identificados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

LA OPOSICIÓN RESPONDE

Las otras instituciones del Estado guatemalteco no se han quedado calladas. La congresista Delia Back, del partido de la oposición LIDER, que perdió las últimas elecciones presidenciales en la segunda vuelta, por un 10 por ciento de los votos, es la enemiga número uno de Baldetti. De hecho, la vicepresidenta es su “bestianegra”. Menuda, con pelo liso y rasgos indígenas, Back y sus compañeros diputados presentaron tres demandas por corrupción ante a la Corte Suprema de Justicia en contra de Baldetti.

La Corte las desestimó alegando falta de fundamento. Si se aceptaban, las acusaciones se hubieran enviado al Congreso, único órgano con facultad de levantar la inmunidad al ejecutivo. Las apelaciones de los diputados pasaron a la Corte de Constitucionalidad, el más alto tribunal de Guatemala, donde se presentó un amparo contra la decisión de la Corte Suprema.

Las acusaciones del Congreso tienen poco impacto, ya que los partidos acostumbran a utilizar el órgano legislativo para atacar a los adversarios. Con frecuencia son denuncias sin pruebas, por lo que suelen desestimarse. Para Back, esta vez, las demandas tienen peso y darán resultado. De todos modos, aún si no se llegara a nada, el estilo de vida lujosa de Baldetti, no es congruente con su salario, ni con sus modestos orígenes.

LOS MILLONES DE LA VICE PRESIDENTA

La Colonia Primero de Julio es un barrio obrero de la ciudad en la zona 19. Construido en 1966, fue el primer proyecto de vivienda popular gubernamental, gracias a una inversión del Banco Interamericano de Desarrollo. Al visitar sus calles, se percibe la agradable visión de los arquitectos que construyeron las casas al pie de una montaña, rodeadas de vegetación. Pero esa visión se frustró, la basura se acumula en las calles cercanas a la montaña, y hay incursiones de ladrones de barrios aún más pobres. En los estrechos pasadizos sin luz, las paredes de las casas están despintadas o llenas de grafitis.

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Roxana Baldetti durante el discurso de toma de posesión de Otto Pérez Molina.

La excepción es un angosto callejón que se sale de lo común. Aquí se encuentra la casa donde creció Roxana Baldetti con sus dos hermanos. Está pintada de naranja, el color del Partido Patriota. Fue en esta pequeña morada donde su madre, Gladys, vivió hasta su muerte en enero del 2010. Baldetti nunca habla de su padre, que algunos informes mencionan como hijo de inmigrantes italianos.

Su madre sacó a sus hijos adelante con un salón de belleza. La casa es aún propiedad de la familia de Baldetti. Los vecinos recuerdan a la vicepresidenta como “guapa y amigable”, pero se distanció al entrar en política, se quejan. Cuando falleció su madre, doña Gladys, fue velada en los Funerales Reforma de la zona 9, una empresa de categoría, muy lejos de donde vivió toda su vida. Unos años después, Baldetti supuestamente adquirió un nuevo domicilio en Ciudad San Cristóbal, un barrio de clase media.

De estas humildes raíces, Baldetti es hoy dueña de una considerable fortuna estimada en varios millones de dólares, tres mansiones en los mejores barrios de la capital, una casa de descanso en el Puerto San José, y dos fincas en Tecpán, Chimaltenango. “¡La vida en Guatemala es para vivirla y eso es lo que estoy haciendo! Salvaje, joven y libre,” escribe el joven Mario, el hijo de 22 años de Baldetti, en su cuenta Instagram, que muestra un derrochador tren de vida. Otras entradas muestran sus salidas al extranjero con un grupo de amigos, con los que viaja en jet privados contratados para la ocasión. Un frecuente viajero para su corta edad, pues pasó el año nuevo y el Carnaval en Río de Janeiro; montó en un elefante en la India; o realizó recorridos turísticos por Reino Unido e Italia. Mario Paz Baldetti y sus amigos viajan asiduamente a Nueva York y a Miami, una ciudad en la que supuestamente alquila la discoteca LIV en el Hotel Fontainbleau de South Beach, donde una fiesta privada puede costar 30 mil dólares, de acuerdo a versiones de algunos de sus amigos.

Atrás quedó aquella década de los años 90 y principios de 2000 cuando Baldetti afrontó demandas por impago de un préstamo con la financiera Óptima por la compra de un vehículo, y señalamientos de morosidad en tarjetas de crédito.

Desde su elección, la vicepresidenta reside con su hijo Mario y otro hijo mayor en una majestuosa mansión en la calle Los Eucaliptos, en la carretera a El Salvador, una de las mejores zonas de la capital. La residencia es parte de un exclusivo complejo con mucha seguridad, donde también reside el ex Presidente, Álvaro Colom, y la élite adinerada de Guatemala. La casa está valorada en dos millones de dólares. Frente a su casa adquirió un terreno de 10 mil varas cuadradas (apróximadamente 10 mil metros cuadrados) en 3 millones de dólares. Recientemente adquirió otra residencia situada en Zona 14, valorada en 1 millón y medio de dólares, que sus hijos utilizan como una vivienda alternativa, según fuentes de Palacio. Sus viviendas de descanso también son señoriales. Al parecer, la familia Baldetti es dueña de una finca cafetalera en Tecpán, donde además poseen una mansión campestre para cría de caballos de pura sangre.

También adquirieron una residencia playera, en la exclusiva zona marina de Juan Gaviota, en la costa del Pacífico, valorada en más de 439 mil dólares. Solamente en gastos de mantenimiento de esta propiedad, la familia Baldetti gasta cerca de 12 mil quetzales al mes, de acuerdo a información del centro turístico. Según un diagrama obtenido por El Periódico, la vicepresidenta movió hace cinco años cientos de miles de dólares en cuentas en quetzales y dólares para pagar ésta casa, cuyo valor de compra era seis veces su salario anual en ese tiempo.

Baldetti se traslada a la playa y a sus fincas a bordo de su helicóptero privado, un L´Ecuriel, que compró por 3 millones de dólares el año pasado, como consta en la demanda en su contra presentada en los tribunales. Según círculos cercanos a la vicepresidenta, la aeronave fue un regalo de la empresa constructora de la familia Guerra, financistas del Partido Patriota y reconocidos constructores, a quienes el Gobierno asignó obras públicas por valor de 330 millones de quetzales en 2012.

Las fincas de Tecpán fueron supuestamente un obsequio de Fernando Jarquín, otro financista cercano a la campaña del Partido Patriota, cuya familia aún aparece como propietarios en la Dirección de Catastro de Bienes, según fuentes de la región. Jarquín es uno de los mayores proveedores de medicina para el Estado.

En una entrevista de Prensa Libre del 23 de junio pasado, el empresario desmintió haber financiado al Partido Patriota y consideró su relación con el gobierno solo empresarial. Por su parte, Baldetti también rechazó haber recibido donaciones del empresario a la campaña, y negó conocerlo. “Conozco a su hermano porque me presentó al que ahora es mi esposo, hace 25 años,” insistió Baldetti.

COMPAÑÍAS DE CHAMPÚ DAN DINERO

La riqueza de Baldetti extraña a muchos, aún en Guatemala, donde los últimos cuatro gobiernos civiles han sido acusados de robar del erario público. El mejor ejemplo es el ex presidente, Alfonso Portillo, que fuera absuelto en primera instancia por malversar 120 millones de quetzales. Portillo está pendiente de extradición hacia Estados Unidos, donde se le acusa de asociación delictiva por evadir unos 70 millones de dólares de los fondos públicos de Guatemala a cuentas radicadas en Estados Unidos.

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Fábrica Maorlis, S.A. Produce champús y tratamientos para el cabello.

La declaración de bienes de los altos cargos no es pública en Guatemala, pero la simple suma de los sueldos públicos de Baldetti de los últimos 10 años no cuadra. El total de sus salarios durante los últimos 9 años es cerca de 540 mil dólares. Pero en el mismo periodo supuestamente ha acumulado un conjunto de propiedades que valen más de 10 millones de dólares.

Según Baldetti, sus ganancias vienen de su patrimonio: los dividendos de unas compañías que producen champús y un salón de belleza. Pero un recorrido por varias de las direcciones consignadas en el registro de la propiedad como sedes de sus fábricas y negocios, y su salón de belleza los encontró mayormente vacías o abandonadas.

La vicepresidenta presume de riqueza. “Tengo bonita casa, mi casa en la playa, que no me la ha pagado la política, un lote de joyas y caballos”, resumió Baldetti al periódico Siglo Veintiuno, durante la campaña presidencial en 2011.

LA VENTA DEL ESTADO

Sin quererse identificar, amigos y enemigos de Baldetti describen las formas en que la vicepresidenta podría lucrarse del gobierno: “coimas” (porcentaje) en jugosos contratos para construir carreteras, compras estatales de medicinas o fertilizantes. Supuestamente su fortuna provendría sobre todo del control tras bambalinas del contrabando, trasiego, aduanas, puertos y aeropuertos, con el posterior blanqueo del dinero en Panamá.

Otra parte del dinero parece proceder de millonarias comisiones que Baldetti habría recibido cuando recaudó fondos para el Partido Patriota, apuntan las fuentes. La aportación a las campañas no es pública en Guatemala y la mayoría de contribuyentes dan sus cuotas en efectivo.

En una de las demandas de la congresista Back ante a la Corte se acusa a la vicepresidenta del cobro de comisiones por “el derecho de piso”, o usufructo, otorgado por el gobierno a una empresa española en la empresa Portuaria Quetzal, uno de los puertos más grandes de Guatemala. Ese dinero le dio a Baldetti la posibilidad de adquirir bienes y propiedades, aseguran los documentos.

“Yo siempre me he quedado maravillado. Creo que la persona que buscaría de asesora financiera sería ella”, dijo Mario Taracena, diputado del partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, del ex presidente, ÁlvaroColom, al ser consultado sobre la fortuna de Baldetti.

Algunos de sus críticos ponen en duda si, tal vez, algunas de sus propiedades fueron compradas con dinero de conocidos narcotraficantes. Nada ha sido probado.

Guatemala siempre ha sido un enclave para el tráfico de drogas. Durante la guerra civil, altos oficiales del Ejército controlaron las rutas y el acceso de cárteles internacionales. En apariencia, Pérez Molina se mantuvo limpio durante esos años, pero muchos de sus compañeros militares hicieron fortuna con el tráfico ilegal. Ex militares dicen que en el Ejército guatemalteco era difícil no codearse con los corruptos.

LA REINA DEL SUR GUATEMALTECA: AMIGOS INCÓMODOS A LA SOMBRA DEL NARCOTRÁFICO

En la fiesta de cincuenta años, Baldetti sirvió licores finos a los invitados, políticos del Partido Patriota y amigos de la vicepresidenta, incluyendo al mandatario Pérez. Entonces, llegó una visita inesperada, una amiga incómoda: Marllory Dadiana Chacón Rossell, quien no entró a la celebración pero saludó a la vicepresidenta fuera de la casa, según asistentes a la fiesta.

Chacón Rossell es conocida en Guatemala como la “Reina del Sur”, una mujer que pasó desapercibida por años, codeándose con las clases pudientes de Guatemala. La Oficina para el Control de Bienes en el Extranjero de Estados Unidos (OFAC, en inglés), avisó a Guatemala hace un año, que Chacón Rossell blanqueaba millones de dólares en ventas de drogas, y que manejaba precursores para anfetaminas. Aunque supuestamente estuvo en su fiesta, Baldetti niega conocer a la traficante.

Hayron Eduardo Borrayo y Mirza Silvana Hernández de Borrayo, son dos presuntos financistas del PartidoPatriota. Andrés Hernández Carvajal, es el esposo de Chacón Rossell, de origen hondureño.

“La detección (por OFAC) de una persona cercana a ellos mandó una señal al gobierno de Otto Pérez Molina”, dijo un ex militar influyente en ese momento. El anuncio de Estados Unidos indujo al Estado guatemalteco a abrir una investigación “de oficio” el 20 de enero de 2012, pero un año después Guatemala aún no ha enjuiciado a Chacón Rossell.

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Organigrama de la supuesta organización de Chacón Rossell, de acuerdo con la Oficina para el Control de Bienes en el extranjero (OFAC en inglés).

PILOTO PRESIDENCIAL, OTRO INCÓMODO

El caso que más salpicó al Presidente y vicepresidenta es el de su piloto presidencial Guillermo Abraham Lozano Bauer, cuya compañía, Aerocentro, estuvo involucrada en el narcotráfico en Honduras en 2012. Lozano fue financista del Partido Patriota durante las elecciones y trasladó en helicóptero a la ahora pareja presidencial guatemalteca durante la campaña política. Al ganar las elecciones, su empresa, Aerocentro, fue contratada en 79 ocasiones por entidades públicas guatemaltecas. Fuentes cercanas a la presidencia, mencionan que Lozano es el interlocutor de Baldetti en sospechosos manejos de contratos en el aeropuerto y puertos.

Lozano sirvió como piloto privado para el ex Presidente hondureño, Manuel Zelaya. Lo trasladó junto a su familia a Guatemala, después del golpe de estado en 2009. Y cuando Zelaya decidió regresar a Honduras y refugiarse en la embajada de Brasil, Lozano lo transportó a ese país sin activar la detección de los radares internacionales. En diciembre del año pasado, dos altos funcionarios de Aerocentro fueron detenidos en Honduras por vínculos al narcotráfico. La Policía hondureña encontró residuos de anfetaminas en uno de los helicópteros de la flota de Aerocentro.

PRIMERA MUJER EN EL CARGO

La oficina de vicepresidenta en Guatemala ofrece un gran poder a quien la ocupa. Cuando Baldetti asumió el cargo, se celebró que fuera la primer mujer en ejercerlo. Se esperaba que mejorara la situación de las mujeres en un país donde el feminicidio bate records.

Pero el liderazgo de la vicepresidenta chocó rápido con otros miembros del gabinete. En un año, Baldetti ha llegado a controlar todos los ministerios que manejan los más jugosos contratos del Estado, colocando a funcionarios leales a ella, pese a sus oscuros antecedentes. La situación de las mujeres sigue igual, y las promesas de parar la corrupción se olvidaron. Nadie pudo imaginar que el cuento de hadas se esfumaría en el primer año.

SU LIDERAZGO EN EL GOBIERNO

Efraín Medina, ex rector de la Universidad Nacional de San Carlos, es un académico respetado y honorable. Pérez Molina lo seleccionó como Ministro de Agricultura, en contra de la opinión de Baldetti, que tenía a otros candidatos en mente. Según fuentes cercanas al gabinete, fue el primer tropiezo.

Baldetti insistió en que se incluyera a su padrino de bodas, Roberto Linares, como Vice Ministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional, según fuentes de Palacio. Medina no aceptó, y pidió que Pérez Molina interviniera. Para su sorpresa, el Presidente dijo que no había nada que discutir. Medina no insistió. Eligió a los otros miembros de su equipo técnico, y el Presidente los aprobó.

El día de la juramentación, una sorpresa aguardaba a Medina en el Palacio Presidencial. Sus candidatos llegaron, pero los guardias tenían órdenes de no dejarlos entrar. Había otro grupo de seleccionados, escogidos por la vicepresidenta. Solo cuando Medina amenazó con renunciar, Pérez Molina ordenó que se juramentara su equipo. En vez de excusarse, Baldetti explotó, afirman los presentes. Se fue airada, y no participó en el acto.

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Amigos de la infancia de Baldetti.

Medina renunció a su cargo en diciembre del año pasado sin dar explicaciones. Sufrió muchos otros abusos y desmanes de la Vicepresidencia para controlar los contratos de ese ministerio. Baldetti ganó la batalla. El viceministro Roberto Linares, su candidato y padrino de boda, continuó en el puesto aunque está envuelto en escándalos por sobrepagos en compras del Estado desde mayo del año pasado. Según productores de arroz, en dos ocasiones, Linares compró granos básicos para un programa de ayuda alimenticia a los pobres, pagando un millón de quetzales de sobreprecio.

Otro ministro que tuvo problemas fue Francisco Arredondo, nombrado para la cartera de sanidad, donde los contratos son millonarios. Duró solo dos meses, y dimitió alegando problemas de salud, aunque las compras irregulares de medicamentos fueron determinantes en su retiro. La oficina de la vicepresidenta intentó atacar a Arredondo por malversación de fondos, pero la acusación no avanzó ya que las compras de esos medicamentos las habían hecho en el gobierno anterior y Arredondo no tuvo nada que ver en la decisión de compra. En realidad, Baldetti quería a alguien de su equipo en este ministerio.

El sucesor es Jorge Villavicencio, amigo de infancia de Baldetti, desde sus días en el barrio de clase trabajadora Primero de Julio. Llegó al puesto a pesar de 22 sanciones y acusaciones por robo de material quirúrgico, y una demanda por la muerte de un paciente entre 2005 y 2006, cuando fue director del Hospital Roosevelt, el nosocomio nacional de la capital.

Baldetti quiere gobernar con amigos y seguidores. En enero pasado, nombró ilegalmente, retorciendo la ley, a Juan de Dios Rodríguez, otro servidor público leal a la pareja presidencial como presidente de la directiva del IGSS, el sistema de salud nacional que cubre a empleados privados y públicos, a cambio de cuotas de los patronos y trabajadores. Rodríguez, amigo de la vicepresidenta y de Otto Pérez, sustituiría a Luis Reyes Mayén, un tecnócrata que había estado al frente de esta entidad desde 2008, y cuyo cargo no caducaba hasta septiembre de este año. La junta directiva del IGSS se negó a hacer el cambio y el nombramiento de Rodríguez se dilató.

El IGSS es la institución que compra la mayor parte de medicinas en el país. Tiene fondos de pensiones y reservas de alrededor de 20 mil millones de quetzales. Lo que está en juego son intereses derivados de los depósitos en los bancos y comisiones de la compra de medicinas.

El martes 2 de abril, Rodríguez se apoderó de las instalaciones del IGSS en una operación tipo comando militar con personal del servicio secreto presidencial y cambió cerraduras. Detuvo ilegalmente a miembros de la directiva para que convocaran a una reunión y lo nombraran presidente con el debido proceso.

OTRO TROFEO

Estados Unidos y otros países han utilizado la administración tributaria para enjuiciar a narcotraficantes por evasión de impuestos. Y según sectores allegados a Miguel Gutiérrez, el ex superintendente de Administración Tributaria (SAT), enfrentado con Baldetti el último año, la vicepresidenta quería escoger un director afín a su círculo para poder atacar a sus enemigos y ayudar a sus amigos en el control fiscal. Gutiérrez fue sustituido en el cargo por una persona afín a Baldetti.

LA COMADREJA ENCARGADA DE LAS GALLINAS

Desde el principio, Baldetti creó un sistema anticorrupción que ella gestiona desde la Vicepresidencia. La Secretaría de Control y Transparencia se fundó un mes después de tomar posesión para, supuestamente, evitar malversaciones de los miembros del gobierno y el Congreso. Un arma perfecta para atacar a sus enemigos políticos, según sectores del Congreso. La oficina solo persiguió a funcionarios de su propio partido no alineados con ella, y a un selecto grupo de contrarios al Partido Patriota.

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La oposición criticó a la Secretaría por duplicar la labor de la Contraloría General de Cuentas y de la Comisión Extraordinaria Nacional de Transparencia del Congreso, dos entidades independientes del control de Baldetti.

“Queremos evitar la corrupción,” declaraba la vicepresidenta al describir su nueva Secretaría. “Aquel funcionario que no haya cumplido con las normas de control y transparencia no se irá a su casa, sino que estará en los tribunales”.

La Secretaría se autodestruyó al investigar a la diputada Julia Maldonado, a quien acusó de desviar 4 millones 200 mil quetzales del Consejo Nacional de la Juventud. Maldonado alegó en la Corte de Constitucionalidad que la Secretaría era ilegal. La Corte estuvo de acuerdo y cerró la dependencia.

El atrevimiento le costó caro a Maldonado. La vicepresidenta consiguió que la Corte Suprema de Justicia le retirara la inmunidad como diputada, y ordenar a un juicio penal por malversación de fondos. “Hubo injerencia en la decisión de los magistrados”, declaró el parlamentario opositor, Roberto Villate.

Baldetti no se dio por vencida al tener que cerrar la oficina. Unas semanas después de la decisión de la corte, creó otro organismo también ubicado en la Vicepresidencia. Bajo su dirección, la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (Copret) tiene funciones parecidas que la antigua secretaría y una vigencia de seis años.

En una entrevista con periodistas en diciembre, Andrés Castillo, presidente de la principal patronal privada CACIF, estuvo de acuerdo con la decisión de la Corte y dijo que era mejor fortalecer a la Contraloría General de Cuentas, el organismo encargado de fiscalizar a las entidades públicas.

UN TERREMOTO Y LAS CASAS BALDETTI

De hecho, Baldetti ignoró las operaciones sospechosas de un programa anti-pobreza controlado por su oficina. El Fondo Nacional Para la Paz (Fonapaz), se cerró este año bajo cargos de corrupción.

Las irregularidades de Fonapaz eran obvias, numerosas denuncias destaparon la podredumbre, y resultó implicado su propio director, Armando Paniagua, un ex militar cercano a la vicepresidenta.

El 7 de noviembre de 2012 Guatemala sufrió un temblor de 7 grados que destruyó parcialmente la ciudad de San Marcos, a 300 kilómetros de la capital. El sismo causó 42 muertos y miles de damnificados, y dañó 10 mil viviendas. El plan de rescate ofrecería nuevas casas encomendadas a Fonapaz.

Meses después se presentaron las viviendas, llamadas Casas Baldetti. La maniobra era obvia, utilizar un programa del gobierno como un anuncio partidario y personal. Cayó como un balde de agua fría en la opinión pública y política. Baldetti debió cambiar el nombre, y fingió ignorar que se identificara el proyecto con su apellido.

Mucho más serio fue lo descubierto en los libros de contabilidad de la organización. Por ejemplo, las láminas que compraba Fonapaz para construir techos de las viviendas tenían menor grosor y eran más costosas que las especificadas por los constructores. Del presupuesto de Fonapaz para construcción –82 millones de quetzales, o 10 millones de dólares–, la mitad fueron otorgados a constructoras con conexiones directas a su director, Armando Paniagua, o a partidarios del Partido Patriota, se reveló a finales del 2012.

Fonapaz fue clausurado oficialmente en enero de este año. Detractores de Baldetti dicen que la organización era el mejor ejemplo de cómo la vicepresidenta utiliza obras públicas con fines proselitistas y corruptos.

La clausura no terminó con esa práctica: recientemente los periódicos guatemaltecos anunciaron que siete alcaldes del departamento de Quetzaltenango abandonaban sus partidos y se integraban al Partido Patriota. Según el artículo, solo así el gobierno financiaría la construcción de un mercado en una comunidad, y una carretera en la otra. Además, los alcaldes debían apoyar a la continuidad de la vicepresidenta como secretaria general del partido. En otro país, esta maniobra hubiese sido calificada como tráfico de influencias y sujeta a acciones penales.

COMO GOBIERNAN: EL PRESIDENTE TEFLÓN Y LA EVITA GUATEMALTECA

Los guatemaltecos aplaudieron cuando Pérez Molina fue recibido en Davos durante la reunión del World Economic Forum. El Presidente guatemalteco se codeó con personalidades internacionales como el financista, George Soros y el Presidente de Israel, Shimon Peres.

Su intervención en tan selecto grupo, se centró en la guerra contra las drogas. Pérez Molina defendió la despenalización, por la incapacidad de los países latinoamericanos para afrontar el crimen organizado. Pero mientras hablaba en Suiza, su gobierno incumplía los acuerdos internacionales antinarcóticos. En el año que lleva en el poder, las incautaciones de cocaína bajaron 70 por ciento, y las de anfetaminas 91 por ciento. En el 2011 se confiscaron un poco más de 550 mil unidades de anfetaminas y en el primer año de Pérez Molina, solo se requisaron 13 unidades.

Otto Pérez trasforma su imagen y, de paso, la del militar latinoamericano. Escucha impasible reclamos y halagos por igual. En realidad, nunca se sabe en qué está pensando, coinciden amigos y enemigos. Muchas veces, los mismos interlocutores interpretan su silencio. “Parece inteligente porque se queda callado”, dice un amigo cercano. Para otros, los silencios de Pérez Molina son una herencia de las tres décadas dedicadas al mundo de la inteligencia militar, a la costumbre de controlar sus reacciones y emociones, que son mínimas. A esto suma una gran habilidad para evitar mancharse. Muchos han acusado a Pérez Molina de participar en violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil, pero nadie lo ha probado. En el juicio de genocidio contra el general Efraín Ríos Montt, un testigo protegido ha declarado que los soldados que cometían las masacres del ejército en Nebaj, Quiché, recibían órdenes del Presidente Pérez Molina. Pero hasta ahora, el único proceso en el que se le acusó legalmente fue el del comandante guerrillero Efraín Bámaca. Capturado por militares bajo el mando de Pérez Molina en marzo de 1992, se esfumó tras su detención. El caso fue cerrado en febrero del año pasado por la Corte de Constitucionalidad, a pesar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había pedido una investigación.

AIROSO EN CASO DE CORRUPCIÓN

Igualmente, Pérez Molina salió airoso en 2008 de un conocido asunto de corrupción con depósitos del congreso guatemalteco en la casa de bolsa Mercado de Futuros, MDF, que sumaban un poco más de 80 millones de quetzales. Varios diputados fueron inculpados y el dinero nunca se recuperó. Pérez supuestamente recibió un pago de 688 mil 500 quetzales que él confirmó haber recibido, pero argumentó que fue un préstamo de la institución. Autoridades financieras guatemaltecas aclararon que MDF no tenía facultad de otorgar créditos. Juan de Dios Rodríguez, el hoy presidente de la directiva del IGSS fue quien supuestamente salvó a Pérez del escándalo produciendo un pagaré por el monto que Pérez recibió. Según investigaciones de la Intendencia de Verificación Especial, IVE, que ve la prevención del lavado de dinero en Guatemala, de ese dinero, Pérez Molina emitió un cheque a nombre de la compañía de equipos de Aire Acondicionado y Servicios S.A. para pagar el sistema que se instaló en la casa de playa de Roxana Baldetti. Sospechosamente, Raúl Girón, gerente de MDF, era consuegro de Baldetti en esa época.

 

Las incursiones de Pérez Molina en los foros internacionales tienen un doble papel: le dan un púlpito internacional donde puede lavar su imagen de militar guatemalteco y prueban que pertenece a una nueva clase de uniformado centroamericano con credenciales de dignatario moderno y democrático. “Ha logrado lo que otros presidentes guatemaltecos no han logrado,” dijo un analista. Con ese mismo fin, su gobierno promovió la firma de su país del tratado de la Corte Penal Internacional, que el congreso guatemalteco aprobó el año pasado.

Pérez Molina llegó al poder acompañado de al menos doce militares retirados, casi todos expertos en inteligencia y de la última tanda que peleó en la guerra civil. Su llegada al poder coincide con un histórico momento: por primera vez la justicia intenta sancionar el sangriento pasado, y altos militares, que fueron sus superiores, enfrentan juicios por abusos y genocidio. Para Pérez Molina no hubo genocidio en Guatemala y nadie sabe si las nuevas acusaciones que han salido en el juicio de Ríos Montt tendrán repercusiones legales para el Presidente.

Su ascenso al gobierno suscitó diferentes interpretaciones en el país y en el extranjero, pero Pérez Molina no hubiera llegado al ejecutivo sin crear su propio Partido Patriota. Sus andanzas en anteriores gabinetes siempre se frustraron por injerencias de militares de la “línea dura”, como los generales retirados, Francisco Ortega Menaldo y Juan Callejas y Callejas, quienes por varias décadas han sido mencionados como supuestos líderes de bandas del crímen organizado en Guatemala. Se supone que Baldetti sigue teniendo una estrecha relación con Ortega Menaldo, la cual construyó desde que trabajó en el gobierno del ex presidente Serrano en los años noventa.

Aprovechando el descrédito de una sucesión de mandatarios civiles que tomaron ventaja y no revirtieron la corrupción y la ineficacia del Estado, los ex militares encabezados por Otto Pérez Molina llegaron al gobierno para reformar la política de seguridad nacional, y limpiar la percepción del Ejército como violador de derechos humanos. Ellos son militares que respetan la Constitución. Pero su misión ha sido desviada por la burocracia civil controlada por Baldetti. “Son boicoteados”, explica un analista político cercano al Mandatario.”Muchos no tienen acceso al Presidente”.

La unión de Baldetti con Pérez Molina comenzó en 1993 con una confrontación. Baldetti era la subsecretaria de comunicación social, encargada de censurar a la prensa durante el frustrado autogolpe del Presidente, Jorge Serrano Elías para tomar absoluto poder, al disolver el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Pérez Molina era el joven oficial de inteligencia cercano a Ortega y Callejas y Callejas, quienes lo promovieron para que fuera jefe de la inteligencia militar en 1991 y su “delfín” presidencial. También lideró la oposición junto a otro grupo de militares, algunos de los cuales están hoy en su gabinete.

Baldetti salió mal parada de ese incidente. Tras la caída de Serrano, fue acusada de robar material de la oficina de comunicación social y Pérez Molina estaba encargado del caso. Sin embargo, la causa penal contra Baldetti fue cerrada sin explicación. Pérez Molina y Baldetti sellaron así el principio de una duradera relación que maduró durante la década de maratónicas sesiones para construir el Partido Patriota.

LA EVITA BANANERA

En la casa Presidencial hay una permanente pelea entre diferentes sectores por obtener la atención del Presidente. En los últimos meses, aumentan los relatos de cómo amigos cercanos de Otto Pérez intentan sin éxito rescatar a su viejo amigo militar de la influencia de la vicepresidenta.

Siempre gana Baldetti. La Vicepresidenta aún hace berrinches demorando actos oficiales, como el día de la Independencia, en septiembre y el aniversario del tercer Baktún en la provincia de Petén, porque estaba enojada con la presencia de la esposa de Pérez Molina. Por eso se calientan los ánimos con el rumor de un dúo presidencial unido por algo más que una relación profesional.

LA ESPOSA DE PÉREZ

Nadie sabe qué va a pasar. Algunos columnistas acusan a Pérez Molina de encubrir la presunta actividad corrupta de la vicepresidenta y sus seguidores por cuestiones del corazón. Todo aderezado por la faceta de Baldetti como mujer adicta a dietas y tratamientos de belleza, además de su lujoso tren de vida.

La estrecha relación del Presidente con su compañera de fórmula ya causó problemas con la esposa de Pérez, Rosa Pérez Leal, una mujer tradicional, hija de militares y con fuertes conexiones dentro del Ejército. “Las esposas de los militares que están con Otto Pérez se ven retratadas en Doña Rosita”, dice una fuente cercana. “Ellas han promovido una batalla campal contra la vicepresidenta entre sus esposos, y el presidente está en el medio”. Pero la batalla principal será, sin lugar a dudas, la corrupción.

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